El alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública. El fallo sostiene que debe ser abonado por los bancos, pero hay dudas sobre si será el sector o Hacienda el que asuma la retroactividad que beneficiaría a seis millones de hipotecas. […]